Un verdadero terremoto mediático ha sacudido los Estados Unidos tras la entrada en vigor en Texas, a principios de septiembre, de una ley que prohíbe el aborto a partir de la detección del latido cardiaco del no nacido; esto es, a partir de la sexta semana de embarazo. Para unos estaríamos en plena distopía al estilo El cuento de la criada; para otros ante la victoria definitiva de la justicia y del respeto a la vida.
No es la primera ley de este tipo (desde 2018 han sido aprobadas en Ohio, Georgia, Louisiana, Misuri, Alabama, Kentucky y Carolina del Sur), pero hasta ahora las leyes estatales que restringían el aborto a partir del momento en que se puede detectar el latido del corazón del feto habían sido bloqueadas en los tribunales aplicando el criterio de que la sentencia del caso Roe v. Wade (1973) prohibiría a los estados vetar los abortos antes de que el bebé no nacido sea viable. La nueva ley de Texas esquiva el confuso y cambiante debate acerca de la viabilidad con un dato objetivo: el latido del corazón. Un dato, por otra parte, que desmonta uno de los principales eslóganes abortistas, aquel de que cada mujer decide sobre su propio cuerpo. La existencia de otro latido distinto al de la propia mujer es la evidencia de que no se trata de su propio cuerpo, sino del cuerpo de otro ser humano. Pero es que además, la ley de Texas introduce una táctica innovadora respecto a las otras leyes que pretendían limitar los abortos, pues incluye un mecanismo que permite a cualquier persona privada presentar demandas contra quien realiza o colabora con un aborto posterior a la detección del latido del corazón. Dado que Roe v. Wade no permite actuar al estado contra el aborto, la nueva ley de Texas no prevé que sean funcionarios públicos quienes persigan a los posibles infractores, sino que traslada esa capacidad a cualquier ciudadano, que podrá él mismo realizar una denuncia civil.
Pero si la sacudida ya era grande, más lo fue cuando el Tribunal Supremo estadounidense rechazó paralizar la ley aduciendo que quienes pedían la suspensión «presentan cuestiones de procedimiento complejas y novedosas sobre las que no han argumentado». Una decisión que salió adelante por cinco votos contra cuatro (el presidente de la Corte, John Roberts, nombrado por George W. Bush en 2005, se ha alineado con los tres jueces izquierdistas: Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan) y con la que el Supremo insiste en que no entra en el fondo de la cuestión. Cierto, pero aunque sea por una cuestión de procedimiento, el hecho es que la ley ha entrado en vigor, reduciendo drásticamente los abortos en Texas. Para los abortistas la ley de latido del corazón es Armagedón, la batalla final, y han salido en tromba a defender con uñas y dientes lo que consideran el sacrosanto derecho de las mujeres a decidir sobre la vida de sus hijos no nacidos. El presidente Joe Biden declaró que pondrá todos los recursos del gobierno federal en juego contra la ley (curioso espectáculo el de este presidente «católico» convertido en fanático defensor a ultranza del aborto) y unos días después afirmó que no cree que la vida comience en la concepción, aunque en 2008, año electoral, declaró en una entrevista lo contrario. Lejos quedan aquellos tiempos en que demócratas como Bill Clinton abogaban por hacer del aborto al «seguro, legal y raro» (su esposa Hillary repitió el trilema en la campaña de las primarias de 2008), en la actualidad el aborto para los demócratas ha pasado de ser un recurso desagradable pero necesario a un derecho sagrado sobre el que no cabe discusión y menos aún cualquier tipo de restricción, un auténtico tótem que garantiza la viabilidad de la revolución sexual y sobre el que se funda su modelo de sociedad. Las reacciones airadas de actores como Rosanna Arquette, negándose a filmar en Texas, o la decisión del gigante de alojamiento de dominios web GoDaddy de retirar un sitio administrado por Texas Right to Life a través del cual cualquier particular podía enviar denuncias sobre violaciones de la nueva ley indican que la batalla va muy en serio.
La ley del latido del corazón es también coherente con la dinámica del movimiento pro-vida norteamericano. Nacido en los años 1970 tras la sentencia Roe v. Wade de 1973 que abría la puerta al aborto en los Estados Unidos, empezó utilizando tácticas propias del movimiento de derechos civiles, tales como la desobediencia civil o las sentadas para bloquear el acceso a los centros en los que se practicaban abortos, las llamadas «operaciones de rescate». Las imágenes de las ecografías de la época también jugaron un importante papel para dar visibilidad a lo que los abortistas querían ocultar: la existencia de un ser humano que no era para nada un «amasijo de células» que puede ser inocuamente extirpado. Las esperanzas puestas en tiempos de Reagan en revertir Roe v. Wade se esfumaron a medida que jueces supuestamente conservadores se plegaban a las presiones del lobby abortistas, dando lugar al nacimiento de una nueva estrategia: intentar dar la batalla contra el aborto desde los estados, promoviendo leyes que se opusieran al aborto a nivela estatal y que pudieran forzar al Supremo a replantearse la sentencia Roe v. Wade. La ley de Texas se enmarca en esta estrategia, lo mismo que la referencia al latido del corazón es la evolución lógica de aquellas primeras y un poco toscas imágenes de ecografía.
Pero regresemos al punto de partida: ¿la ley de Texas va a acabar con el aborto en los Estados Unidos? No parece probable, aunque el anuncio de otros estados de que van a replicarla lo va a hacer más difícil en algunos lugares y en el corto plazo. No obstante, por mucha polémica y atención mediática generada, la de Texas no es la única ley que desafía el aborto en el país: el año que viene el Tribunal Supremo tiene que juzgar sobre la ley de Misisipi en el caso Dobbs v. Jackson Women´s Health Organization, un caso que cuestiona directamente Roe v. Wade y Planne Parenthood v. Casey, las dos sentencias que sustentan la práctica del aborto en los Estados Unidos. Será un momento histórico, la conclusión de décadas de esfuerzos del movimiento pro-vida en el ámbito judicial. La ley de Misisipi prohíbe abortos posteriores a la semana 15 de embarazo, algo que contradice directamente la sentencia Casey que sostiene que «antes de la viabilidad, los intereses (de los estados) no son lo suficientemente fuertes como para sostener una prohibición del aborto». En julio de esta año, Misisipi, por si hubiera alguna duda, ha presentado un escrito en el que argumenta a favor de la revocación total de Roe v. Wade, y más del 70% de los informes presentados a raíz del caso apoyan este planteamiento (incluyendo a la mitad de los estados, a más de la mitad del Congreso y a cientos de legisladores estatales y a académicos). La sentencia marcará muy probablemente el futuro del aborto en los Estados Unidos, de los alrededor de 800.000 bebés que mueren cada año y del enorme negocio que se ha generado a su alrededor. Ahí sí, la decisión del Supremo será determinante: o el aborto pasará a ser un derecho constitucional asentado o la decisión, esta vez sin discusión posible, volverá a cada uno de los estados. Una sentencia, pues, que, sea en el sentido que sea, tendrá un enorme impacto sobre el futuro político y social de los Estados Unidos y, por tanto, del mundo.
