Ayuso asegura que no van a derogar las leyes LGTBI.
En medio de los gritos, un compromiso. Isabel Díaz Ayuso arranca este jueves la sesión de control a su gobierno disparando titulares que evitan que el debate se centre en la gestión de su Ejecutivo. Uno: “Pedirle a un comunista que entienda de datos económicos es como pedirle a un neandertal que entienda de internet”. Dos: “Van a intentar prohibir comprar Phoskitos a cambio de que se puedan fumar porros”. Tres: ”Son la izquierda más antidemocrática y retrograda de Europa”. Está la presidenta regional dando una clase magistral de cómo evitar lo concreto para centrarse en lo difuso, regate tras regate en sus respuestas a las preguntas de la oposición, cuando cambia de tercio. Y manda parar. A un lado y a otro. A derecha e izquierda. A Vox y a Más Madrid. Para los dos tiene un mensaje esta vez sí centrado en sus competencias: no está dispuesta a derogar las leyes LGTBI de la región, como le reclama la extrema derecha, su socio presupuestario.
“Dejen de colectivizar a homosexuales y transexuales, no vamos a derogar ninguna de estas leyes”, proclama en la Cámara regional Díaz Ayuso sobre la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, y la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia. “Politizan la modificación, que no supresión, de estas leyes”, insiste. Y ante la polémica sobre el rodillo parlamentario que están aplicando PP y Vox con su mayoría en la Asamblea, defiende: “Estamos en democracia, y estos parlamentarios [señalando a los de Vox y a los del PP] tenemos todo el derecho del mundo a reformar leyes, a derogarlas, y a seguir trabajando con nuestras mayorías parlamentarias como consideremos adecuado”.
El pleno del próximo 16 de diciembre debatirá la admisión (o no) a trámite de la ley de igualdad de Vox, que incluye una disposición para derogar las dos leyes LGTBI. El PP aún no ha resuelto si votará a favor de que el texto siga vivo en la Cámara, pero sí tiene una cosa clara: en caso de hacerlo, utilizará los trámites de la comisión correspondiente para extirpar de su contenido esa cláusula. En paralelo, la formación conservadora ofrece a Vox negociar una modificación de las dos leyes centrada en puntos concretos. Para ello está trabajando ya el magistrado Enrique López, consejero de Presidencia, que tiene el encargo de detectar déficits de redacción, y también de ver si es posible articular de otra forma las charlas de los colectivos LGTBI en los colegios, según una fuente gubernamental. Además, son conocidos dos artículos (uno en cada norma) que ambas formaciones querrían eliminar, aunque el listado de Vox es mucho más amplio, según una fuente del partido.
Se trata del artículo 48 de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, y del artículo 66 de la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia. Los dos explicitan la inversión de la carga de la prueba: obligan al acusado de discriminar con “hechos o indicios razonables, fundamentados o probados” a aportar una justificación de lo hecho. La mera posibilidad de modificarlas ha provocado una encendida protesta este jueves en la Cámara por parte de Más Madrid.
Lo que más afecta es lo que sucede más cerca.
Vía El País
