En EE.UU. el “derecho al aborto”, con vigencia nacional, puede acabar en los próximos meses
Ayer, día 1 de diciembre, tuvo lugar en el Tribunal Supremo una vista oral, preliminar, sobre una ley del estado de Misisipí que prohíbe el aborto a partir de la semana 15 del embarazo. Ley que, como es lógico, sólo es aplicable en el territorio de este estado.
Resulta relevante recordar que en la mayoría de los países europeos el plazo para abortar es más corto que el ahora propuesto por Misisipí. Por ejemplo, en España ha sido de 14 semanas y en Francia es de sólo 12 semanas.
Lo anterior significa que la ley de aquel Estado no es nada radical y, a pesar de ello, está siendo demonizada por el Partido Demócrata, que en estos últimos años se ha “echado al monte”, del extremismo izquierdista.
Desde la sentencia Roe vs. Wade, del Tribunal Supremo, de 1973 (hace casi 50 años), el plazo para poder efectuar un aborto legalmente está fijado en unas 24 semanas, esto es, cuando el feto adquiere “viabilidad” para una vida independiente. Plazo que está siendo aplicado en todo el país. Esto es, ningún estado puede acortar dicho plazo.
La finalización de este proceso –cuya vista oral se produjo ayer- y la adopción de la sentencia por el Tribunal Supremo tendrá lugar, probablemente, en torno al mes de junio de 2022.
Ahora bien, la vista oral de ayer permitió vislumbrar la postura ante este caso de los diversos magistrados del Alto Tribunal, en base a cómo intervinieron para formular preguntas a las dos partes: esto es, al estado de Misisipí y a una clínica abortista del estado (Jackson Women’s Health Organization) que ha recurrido la ley estatal.
El quid de este caso
La trascendencia del caso sobre la ley antiaborto de Misisipí que está estudiando el Supremo, es que sólo podría ser convalidada dicha ley estatal mediante la anulación de la sentencia de 1973, ya que ésta fijó el largo plazo de unas 24 semanas, mientras que el Estado de Misisipí dispone que el aborto únicamente pueda tener lugar durante las primeras 15 semanas del embarazo.
Como veremos a continuación, por las preguntas que hicieron cinco (de los 6) magistrados conservadores puede intuirse que están dispuestos a dar ese decisivo paso de revocar la sentencia Roe vs Wade, lo que constituiría una victoria histórica para el conservadurismo estadounidense y, de paso, para el conservadurismo internacional.
El sexto magistrado conservador, que parece predispuesto a proponer una sentencia conciliatoria –que no revocara la de 1973, sino sólo la modificara- es precisamente el presidente del Alto Tribunal, John Roberts. Esta posición centrista que, una vez más, está adoptando Roberts no parece que haya convencido a los otros cinco magistrados conservadores que parecen dispuestos a “tirar para adelante” con o sin el respaldo de Roberts.
Las reacciones de los medios
La –única- cadena nacional conservadora de TV de EE.UU., FOX News, titula del siguiente modo su crónica:
“El Tribunal Supremo escucha [la argumentación] del Estado de Misisipí que podría desembocar en la anulación de [la sentencia] Roe vs. Wade“
El principal diario conservador, The Wall Street Journal, titula su crónica: “La mayoría [conservadora] del Tribunal Supremo expresa su acogida a la ley de Misisipí. [Lo que] Rompería la ley del aborto [esto es, la sentencia Roe vs Wade]”.
Para la agencia de noticias británica Reuters, agencia seria, pero –como todas- entregada a la corrección política: “Los miembros conservadores del Tribunal Supremo se muestran dispuestos a vaciar [de contenido] los derechos al aborto”.
Uno de los columnistas del diario de izquierda dura, The New York Times, titula su artículo del siguiente modo:
“Se adivina el final de [la sentencia] Roe, y va a ser pronto”
El título de otro artículo de opinión, de un grupo de escritores, también en el The New York Times es:
“Opinamos que van a revocarla [la sentencia Roe]”
El diario conservador The New York Post, titula su crónica del siguiente modo:
“Los magistrados conservadores del Tribunal Supremo consideran aprobar la ley[contra el] aborto de Misisipí”
Si se revocara la sentencia Roe vs Wade, se produciría un mosaico de legislaciones de los estados
A menudo, en España no se hila suficientemente fino en este asunto y se da por supuesto que si dicha sentencia de 1973 fuera anulada ahora por el Supremo, la práctica del aborto quedaría automáticamente prohibida en todo EE.UU. Pero eso no es así.
Como ya dije en mi artículo de 2017:
“La realidad es que si Roe vs Wade fuese revocada por el Supremo … la potestad legislativa en este tema se trasladaría a cada uno de los Estados, a menos que el Congreso federal [en Washington, DC] se pusiera de acuerdo en una legislación nacional, lo que parece sumamente improbable”.
Continuaba yo diciendo que “Como en otros varios temas de política, también respecto al aborto los conservadores son en general favorables al llamado principio del federalismo, esto es, a que cada Estado legisle en favor del sentimiento imperante entre su población”.
Por último, yo concluía que “Sería muy probable que Estados inclinados hacia la derecha [como Tejas, Luisiana, Misuri, las Dakotas, etc.] recortaranbastante el plazo para poder abortar –por ejemplo, a 10 o 15 semanas-“, frente a las 24 semanas en la actualidad.
Por otro lado, “Varios de los Estados más inclinados a la izquierda [como California, Nueva York, Nueva Jersey, etc.] podrían … permitir el aborto sin limitaciones …” u otras fórmulas permisivas.
Esto es, la anulación de la sentencia Roe vs Wade retrotraería a EE.UU. a la situación que imperaba en el país antes de 1973: cada Estado había legislado de la manera que juzgaba más apropiada para sus ciudadanos, dándose toda una variedad de situaciones legales en los diversos estados.
Esta posible sentencia provida del Supremo es factible por los 3 nombramientos de nuevos magistrados que hizo Donald Trump
Ya en mi artículo de octubre de 2020 expuse que tras el tercer nombramiento por el Presidente Trump de un magistrado –en este caso una mujer, Amy Barrett- con inclinaciones provida, se había producido un vuelco en el Supremo de EE.UU., habiéndose establecido por primera vez en varias décadas una clara mayoría conservadora: 6 magistrados conservadores frente a 3 progresistas.
La izquierda reacciona pretendiendo que si el Supremo “tocara” la sentencia Roe vs Wadequedaría deslegitimado ante los ciudadanos
Los medios y políticos progresistas han adoptado esta postura amenazadora, como forma de intentar presionar al Tribunal Supremo –al que ahora no controlan- para que no se atrevan a dar este paso.
Pero la realidad, es justo la contraria. Todos los magistrados del Tribunal Supremo han sido nombrados de manera legal y, todos ellos, han tenido que ser confirmados por el Senado del país. Si existe una gran mayoría conservadora en el Tribunal es lógico que adopte sentencias de inspiración conservadora, aunque no sean del gusto para parte de los ciudadanos.
A la inversa, los ciudadanos conservadores han tenido que aceptar multitud de sentencias del Supremo, a lo largo de las pasadas décadas, que contrariaban sus valores personales, pero no por eso cuestionaron la legitimidad del Alto Tribunal.
Si este Alto Tribunal no hiciera revocar ahora el llamado derecho al aborto, serían los ciudadanos conservadores de Estados Unidos quienes se sentirían decepcionados, sobre todo teniendo en cuenta que el historial -de varias décadas- de este tribunal ofrece una mayoría de sentencias en favor de causas progresistas.
Sentencias que hayan sido adoptadas hace muchos años no tienen que ser intocables
Los magistrados y políticos progresistas argumentan que “no es razonable” que se vaya a revocar ahora la sentencia Roe vs. Wade, de 1973, ya que han pasado cerca de 50 años, por lo que debería considerarse el llamado derecho al aborto una cuestión “definitivamente resuelta y asentada”.
A esta argumentación, se la conoce por el término técnico de stare decisis.
Pero, como razonaron ayer varios de los magistrados conservadores (concretamente, Samuel Alito y Brett Kavanaugh), si se hubiera seguido ese mismo criterio, en los años 60 y 70 no se podrían haber anulado anteriores sentencias del Supremo –de comienzos del siglo XX-, con más de 50 años de antigüedad, que habían validado la segregación racial en amplias zonas de EE.UU.
Si fue adecuado revocar las sentencias “racistas” con muchas décadas de antigüedad, también lo es ahora plantearse anular una sentencia sobre el aborto que se considere equivocada.
Porque el caso es que ya desde 1973 varios magistrados conservadores, como el ya difunto Antonin Scalia, habían cuestionado la constitucionalidad de aquella lejana sentencia.
El motivo de aquella discrepancia de fondo es que no veían en la Constitución de EE.UU. ni la más mínima referencia a un derecho relativo al aborto. Por ello, han argumentado durante décadas, que si el país quería introducir en su legislación este nuevo derecho, tenía que hacerse –como en Europa- mediante propuestas legislativas adoptadas por el Congreso nacional, no mediante una sentencia judicial.
Como el Partido Demócrata ha sabido durante décadas que no hubiera sido capaz de sacar adelante una ley sobre el derecho al aborto en el Capitolio (Senado y Cámara de Representantes), maniobraron para que fuera el Tribunal Supremo el que “legislara” por la puerta de atrás, mediante una sentencia.
Vía A Orillas del Potomac